Rufianería en el Código Penal Argentino: análisis doctrinal por un abogado penalista en Santa Fe

Rufianería en el Código Penal: perspectiva de un abogado penalista en Santa Fe

La rufianería se encuentra prevista en el artículo 127 del Código Penal Argentino, que establece:

> “Será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare la prostitución de una persona, mediando o no su consentimiento.”

Desde la perspectiva de un abogado penalista de Santa Fe, esta disposición exige un análisis doctrinal profundo, ya que se trata de un delito que no requiere violencia ni coerción explícita, sino la mera obtención de un beneficio económico derivado de la prostitución ajena.

El tipo penal de rufianería

El núcleo de la ilicitud está en el aprovechamiento económico. A diferencia del proxenetismo, donde se castigan conductas de inducción o facilitación, en la rufianería se sanciona el lucro directo y sostenido a partir de la prostitución.

Un abogado penalista en Santa Fe debe tener presente que la jurisprudencia ha señalado que el consentimiento de la persona explotada no excluye la responsabilidad penal, dado que el bien jurídico protegido es la dignidad humana y la libertad sexual.

Aspectos dogmáticos

Bien jurídico: libertad y dignidad de la persona prostituida.

Elemento subjetivo: dolo directo, con la voluntad de obtener ganancias.

Consumación: se consuma con la sola obtención del beneficio económico, sin necesidad de habitualidad probada.

Jurisprudencia y práctica profesional

Los tribunales argentinos, y particularmente los de Santa Fe, han interpretado que la figura de la rufianería no requiere pluralidad de víctimas, bastando una sola persona. En este marco, los abogados de Santa Fe que intervienen en procesos por esta figura deben conocer los criterios jurisprudenciales actualizados.

Conclusión

El artículo 127 del Código Penal establece una clara política criminal contra la explotación de la prostitución. Para los abogados Santa Fe, el estudio de la dogmática penal y de la jurisprudencia es esencial a la hora de litigar casos complejos, donde se entrelazan derechos fundamentales, dignidad humana y política criminal.