Privación ilegal de la libertad con abuso de funciones. Explicación de abogado penalista de Santa Fe
- Iván Carthery
- 15 ene
- 2 Min. de lectura
Privación ilegal de la libertad con abuso de funciones o sin formalidades legales
El delito de privación ilegal de la libertad agravada por abuso de funciones o falta de formalidades legales, previsto en el artículo 144 bis inciso 1 del Código Penal, constituye una de las figuras más relevantes dentro de los delitos contra la libertad individual, especialmente cuando el hecho es cometido por funcionarios públicos.

Como abogado penalista en Santa Fe, el análisis de esta figura exige un enfoque técnico, respetuoso de la dogmática penal, de la jurisprudencia y de los estándares constitucionales que regulan el ejercicio del poder estatal.
Bien jurídico protegido
El bien jurídico tutelado es la libertad ambulatoria, entendida como la facultad de toda persona de determinar libremente su desplazamiento, sin interferencias arbitrarias del Estado o de particulares.
En este tipo penal, la afectación al bien jurídico se agrava por la posición de garante que ostenta el funcionario público y por el abuso del poder que le ha sido conferido legalmente.
Tipo objetivo
El tipo penal requiere:
Privar a una persona de su libertad ambulatoria, aun por un lapso breve.
Que el autor sea un funcionario público.
Que la privación se realice:
Con abuso de sus funciones, o
Sin las formalidades prescriptas por la ley, incluso cuando exista una causa aparente.
No se exige un lugar específico de detención ni una duración mínima, bastando cualquier restricción relevante al movimiento de la víctima.
Tipo subjetivo
Se trata de un delito doloso, requiriéndose conocimiento y voluntad de restringir ilegítimamente la libertad personal, con conciencia del abuso funcional o del incumplimiento de las formalidades legales. No es necesaria una finalidad especial, siendo suficiente el dolo directo o eventual.
Diferencias con la detención legal
Desde una perspectiva dogmática, es fundamental distinguir este delito de la detención legítima. Aun cuando exista una sospecha o investigación en curso, la omisión de requisitos legales (orden escrita, competencia, motivos suficientes, respeto de garantías constitucionales) puede convertir un acto aparentemente lícito en una privación ilegal de la libertad penalmente relevante.
Defensa penal y análisis del caso concreto
La intervención de un abogado penalista de Santa Fe resulta esencial para evaluar:
La legalidad del procedimiento.
La competencia del funcionario actuante.
El cumplimiento de las formalidades legales.
La existencia o no de abuso funcional.
La eventual nulidad de los actos posteriores.
Cada caso requiere un estudio minucioso del expediente, de la normativa aplicable y de la doctrina penal vigente. Importancia del asesoramiento especializado
Los delitos cometidos por funcionarios públicos presentan particularidades probatorias y procesales que exigen una defensa técnica rigurosa. Contar con abogados en Santa Fe con experiencia en derecho penal permite garantizar una estrategia adecuada, tanto en la etapa investigativa como en el juicio oral.
Conclusión profesional
Como abogado penalista Santa Fe, el abordaje de la privación ilegal de la libertad debe realizarse desde un análisis constitucional, dogmático y estratégico, protegiendo los derechos fundamentales y asegurando una defensa penal sólida y técnicamente fundada





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